El 8 de marzo de 2025 declaramos nuestras exigencias.
Un año después, afirmamos con claridad: la igualdad en la industria musical no es una declaración de intenciones, es una obligación democrática.
No venimos a repetir demandas.
Venimos a exigir implementación, datos y consecuencias.
No aceptamos discursos sin cifras.
Exigimos:
Mismo trabajo, mismo salario no es un lema: es una norma básica de justicia laboral.
No pedimos cuotas simbólicas.
Exigimos que cualquier festival, ciclo o evento financiado con dinero público garantice:
Sin paridad verificable, no debe haber financiación pública.
Durante demasiado tiempo la industria ha protegido a agresores.
Exigimos:
Ninguna agresión sin respuesta significa consecuencias estructurales, no comunicados.
Rechazamos el mito de la incapacidad femenina para dirigir y la narrativa interesada de la “misoginia entre mujeres”.
Impulsamos:
No queremos estar en la foto: queremos tomar decisiones.
Exigimos:
Formar es prevenir futuras desigualdades.
No hay igualdad sin tiempo.
Demandamos:
La precariedad no puede seguir justificándose como pasión artística.
La desigualdad es interseccional.
Exigimos más empleo, más programación y más visibilidad para:
La diversidad no es tendencia: es justicia.
La presión, la precariedad y el machismo afectan directamente a nuestra salud.
Reclamamos:
Cuidarnos no es un privilegio, es un derecho.
La revolución tecnológica no puede reproducir desigualdades.
Exigimos:
La innovación sin ética amplifica la desigualdad.
Proponemos:
La cultura no puede blindar impunidades.
Sin datos, no hay igualdad.
Sin paridad, no hay financiación pública.
Sin protocolos efectivos, no hay legitimidad cultural.
Este manifiesto no es una petición.
Es un compromiso colectivo con la transformación estructural de la industria musical.
La igualdad no es negociable.
Es el mínimo democrático.